¿Quién es el fiscal Guillermo Marijuan? Sus vínculos con Beraldi, Massa y dos de los principales imputados en la investigación penal contra el JP Morgan por lavado de dinero. Las claves de su actuación y su histórico fervor por ofrecer un buen show.

Divorciado y con dos hijas, Guillermo Marijuan se muestra como un fiscal y padre ejemplar. Un recorrido por los dichos de la prensa escrita lo muestra como un paladín contra la corrupción política. A veces en su rol de titular de la Fiscalía Federal 9, a veces como cabeza de la Unidad Fiscal para la investigación de delitos relativos a la Seguridad Social (UFISES), Marijuan aparece como el que hizo lo que nadie se animaba, claro que una mirada más atenta revela algunas inconsistencias sumamente interesantes…

Unidos por la Seguridad Social

Marijuan desembarcó en el ámbito de la Seguridad Social bajo el patrocinio de Eduardo Duhalde, igual que Sergio Massa, entonces titular de la ANSES. Después del gran escándalo de las jubilaciones truchas en La Rioja[1], en el año 2002 se creó la UFISES y el fiscal Guillermo Marijuan fue designado como titular. Su tarea principal era trabajar con la ANSES en la protección de los recursos previsionales, investigando todos aquellos delitos en perjuicio del organismo estatal que los administraba.

En este marco, Marijuan trabajó especialmente en la baja de más de 16.500 planes sociales, que por algún motivo u otro el fiscal encontró mal otorgados. Sus investigaciones también habrían culminado en más de 1.900 denuncias realizadas ante Juzgados de todo el territorio nacional y 1.300 remisiones a distintas Fiscalías del país.

Quizás fue por la inmensa labor que llevó la fiscalización de cada uno de esos centavos dados a los sectores más pobres de la población, que el fiscal de la UFISES dejó pasar la denuncia realizada por el ex vicepresidente del JP Morgan, Hernán Arbizu, acerca de la gran estafa sobre los fondos previsionales de los argentinos en manos de las AFJP.

En el 2008, el ex banquero explicó ante la UFISES y la Fiscalía 9 -a la que justo luego le tocó intervenir- las diversas operaciones de vaciamiento de las AFJP, diseñadas por el JP Morgan y otros bancos, de talla internacional y local, a través de la compra por parte de las AFJP de títulos sobrevaluados de Grupo Clarín, Banco Patagonia y Consultatio SA. Básicamente, el dinero de los fondos previsionales argentinos fue invertido sabiendo del posterior derrumbe de precios (incluso siguieron comprando con el precio ya en baja), todo lo cual dejó unos pocos empresarios muy enriquecidos y unos jugosos bonos para el superintendente y directivos de las AFJP y agentes intermediarios (agentes de bolsa y banqueros). Los millones de jubilados sin sustento futuro serían el problema de otro. No de Marijuan, obviamente.

Para tener una idea de qué hablamos: de los 106,4 millones de dólares que Clarín ofertó en el mercado argentino, las AFJP compraron unos 310.679.481 pesos, según datos oficiales de la Superintendencia (el dólar cotizaba a 3,15 aprox.). Tan sólo un año más tarde esos papeles valían la mitad.

La denuncia podría haber sido encuadrada en los artículos 138 a 141 de la ley específica en materia previsional -Ley N° 24,241-, donde se establecen las penas correspondientes a los delitos cometidos contra un fondo de jubilaciones y pensiones, como fue el caso. Según esa ley, le caben 4 a 10 años de prisión al responsable de la calificación de títulos, de la autorización de la oferta pública, y de efectuar y/o controlar las inversiones que causasen un perjuicio a un fondo de jubilaciones y pensiones. Además la ley prevé 5 a 15 años de prisión para el que lo hiciese con la obtención de un beneficio para sí o para un tercero.

Pero el fiscal específico no encuadró los hechos en ese marco legal sino en uno mucho más benigno, o sea como un delito contra la propiedad en general, donde la pena es de 1 mes a 6 años o de 2 a 6 años -artículos 173  y 174 del Código Penal-. Por las dudas. Igual nunca nadie investigó nada y el negocio no pudo ser más redondo.

Donde sí éste puso verdadero ahínco fue en el impulso de una investigación sobre si, frente al inminente anuncio de estatización, las AFJP vendieron de urgencia y a precio vil los títulos de deuda pública en los que habían invertido parte del dinero de los jubilados para con ello realizar una fuerte maniobra especulativa haciéndose de dólares para fugarlos del sistema financiero (se hablaba de unos 70 millones de dólares). La denuncia de Marijuan motivó un gran revuelo mediático y ciertamente temor en la plaza y los principales operadores del mundo financiero. Sin embargo, el escrito del fiscal no era sino un bricolage de diversas notas publicadas por los principales medios gráficos y digitales sobre el tema, y el periodismo, agradecido por la confianza, no escatimó en su promoción.

Pero lo llamativo de la denuncia y los esfuerzos del fiscal por “velar por la defensa de los intereses generales” es que siendo titular de unidad especializada en seguridad social desconociese que el propio Estado Nacional había trabado una medida cautelar para impedir exactamente lo que el fiscal venía a denunciar, esto es acceder al mercado de dólares. Pregunta: ¿Podía un fiscal de la talla del señor desconocer la existencia de una medida de tales características? ¿No se comunicó por esos días con el superintendente y el resto de los funcionarios de nivel respecto de la evolución de una situación que a su criterio era merecedora de una denuncia penal?

Finalmente resultó que tales hechos nunca sucedieron. Fuegos artificiales, puro show. Y nada de esto fue revelado por el periodismo. Es para sacarse el sombrero, señor.

«Me gusta»: con o sin campaña

“Marijuán y Massa se conocieron cuando el entonces titular de la Anses creó la unidad fiscal para investigar delitos cometidos en el marco de la Anses, y Marijuán quedó a cargo. Le pidió el control de los planes jefes y Jefas de Hogar, viajaron juntos a los Estados Unidos y formaron una amistad. Massa ya piensa en el armado de su gabinete como presidente en 2015. De hecho le propuso a Marijuán ser su Procurador General, es decir, el jefe de los fiscales”, informó una notapublicada por el diario Perfil el 7 de septiembre de 2013. 

El fiscal no tiene ningún reparo a la hora de expresar su cercanía con su ex compañero de la seguridad social. Tanto así que ante sus casi 1600 amistades en facebook el fiscal dijo lisa y llanamente, me gusta Sergio Massa, el Frente Renovador y Daniel Gambino (que aunque nadie sabe bien quién es, aparece en su foto con Massa). (Ver imagen al pie de la nota)

Quizás, sólo quizás, fue en honor a esa entrañable amistad, que el fiscal dejó al ex titular de la ANSES, fuera de la investigación penal que se instruyó contra varios funcionarios del organismo estatal que en el 2006 estafaron a más de 77.000 jubilados  y pensionados por un monto total de más de 4.000.000 pesos. Lo que hacían era descontarles, a través de una cooperativa (Cooperativa Ferromar), unos pocos pesos de las jubilaciones y pensiones; una práctica múltiple, repetida y casi imperceptible que dejó cuantiosas ganancias para sus partícipes. Con motivo de esta investigación en el 2013 fueron procesados 3 ex funcionarios de Massa (jefe de la ANSES al momento de la estafa) y cuatro directivos de Ferromar.

El mundo es un pañuelo

Marijuan llegó a ser fiscal gracias a Carlos Beraldi, entonces fiscal federal y ahora socio del estudio fundado por el ministro de Seguridad bonaerense, León Arslanian.

Cuando Marijuan tenía tan sólo 27 años, Beraldi, uno de los abogados hoy más solicitados por las grandes mafias financieras a la hora de enfrentarse a una investigación penal (FIMBER, Banco Mercurio, Bulgheroni, por acá alguien me sopla), supo que el joven era digno material para integrar las filas de Comodoro Py.

Trabajó con Beraldi en la Fiscalía Federal 4. Finalmente, en 1993 fue nombrado fiscal federal adjunto en la Fiscalía Federal 12 y, con Righi, fue nombrado titular de la Fiscalía Federal 9. En otras palabras, un fiscal con buenos amigos y ningún concurso.

Carlos Beraldi integra hoy el consejo consultivo de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (FININT), de Felix Marteau. Marteau es abogado de Grupo Clarín en causas de lavado. 

Causas por lavado… ¿qué, como la de JP Morgan que tiene Marijuan? Bingo.

Grupo Clarín y sus socios accionistas ocupan, por lo menos, 39 de las bolillas que forman la lista de 469 personas físicas y jurídicas, clientes del JP Morgan, que habrían fugado unos 5.000.000.000 de dólares del país (cinco mil millones, sí, lo escribimos bien). Así lo denunció el ex vicepresidente de la banca, Hernán Arbizu ante el juez Sergio Torres y el fiscal Guillermo Marijuan.

Ojo que Clarín no es el único preocupado por esa causa. También hay varios inversores inmobiliarios del Municipio del ex titular del ANSES Sergio Massa, como Nordelta SA, Santa Catalina Inc., y todo el universo de los Constantini. Entre los 469 cuentas denunciadas por Arbizu, por lo menos 13 corresponden a esa familia, bajo los nombres de: Eduardo & Mariana Constantini, Eduardo Constantini, Eduardo F. Constantini JR, Fundación Eduardo Constantini, Maria Soledad Constantini, Maria Teresa Constantini, Mariana Constantini, Mariana Constantini & Ricardo Aníbal Estevez & Alejandro Estevez, Martin R. Constantini, Ricardo Aníbal Estevez, Rodolfo Constantini, Tomas Constantini, y The Constantini Film Company LLC.

¿No te digo que el mundo es un pañuelo? Dios los hace y ellos se juntan. Y todos en una misma causa. Es fantástico. Marijuan, Beraldi, Marteau, Massa y toda suerte de empresarios cada día más agradecidos por el polvo que va juntando el expediente en el juzgado de Torres. Ya van cinco años y ningún imputado. Hay una lista con nombres y apellidos, números de cuentas, montos, órdenes de transferencias, la explicación de todas las triangulaciones dinerarias, y aún así, nada. Una maravilla.

---

[1] http://www.pagina12.com.ar/2001/01-07/01-07-25/pag12.htm

Se rumorea que la vida de Marijuan no es nada sencilla… Divorciado y con dos hijas, se dice que el Fiscal “Guille” Marijuán -como lo llaman sus íntimos- pasa sus días intentando repartir su tiempo entre los reclamos y pedidos de atención de sus hijas adolescentes y los reclamos de su novia Ida Carolina, cuya relación aún se mantiene oculta a pesar de sus años de duración…

Cuentan las malas lenguas que las adolescentes nada quieren saber con la idea de tener una “madrastra” y que, escenas de escándalos mediante por parte de ellas, el pobre Guille -siempre entre la espada y la pared-  se debate a diario su amor hacia las jovencitas que le exigen a su padre tiempo, atención, dinero y amor exclusivo (y a quienes Guille responde sin escatimar en viajes, regalos y tiempo) y su novia, a quien le ha tocado llevarse la peor parte: un triste segundo lugar en el podio  y, como si fuera poco, condenado a la clandestinidad.

Por ahora podríamos decir -sin temor a equivocarnos- que a la pulseada la vienen ganado las hijas del Fiscal.

La pregunta es ¿por qué Guille no presenta a su novia en sociedad? ¿Por qué la mantiene celosamente guardada, en el más oculto secreto? ¿Son realmente las hijas el escollo principal, su negativa a compartir a su padre, a siquiera imaginar la posibilidad de un nuevo hermanito? ¿O será que su novia, la abogada Ida Carolina Diz, es nada más ni nada menos que su secretaria y teme las repercusiones de la relación prohibida?

Hasta ahora Ida Carolina se habría contentado con el hecho de haber saltado de auxiliar a secretaria -léase: del cargo más bajo al más alto- en un abrir y cerrar de ojos pero… ¿Hasta cuándo? Los años pasan y llega un punto donde no hay sueldo, viaje o regalo que disimule el trago amargo que implica ocupar el segundo (o tercer) lugar…

Es por ello que cuando se lo ve caminar por los pasillos de Comodoro Py, afligido y apesadumbrado, lejos de estarlo por las causa de Báez, JP Morgan o las supuestas amenazas que alguna vez recibió, se debe en realidad a la imposibilidad de resolver tanta demanda de tiempo, atención y dinero de parte de sus mujeres…

Nunca se hubiera imaginado, Marijuán, ni en sus más locos sueños de juventud, que con su poco más de metro sesenta de estatura, tres mujeres lo estarían reclamando y asediando por su amor casi-exclusivo. Hoy, más que un sueño, se ha convertido en una pesadilla…

Guille Marijuán, quien lo hubiera dicho, un hombre subyugado, sometido, tironeado, presionado que no logra resolver el dilema de su vida: tres mujeres batiéndose a duelo por él.

Una historia de pasiones, reclamos, amores tiranos, exclusivos, demandantes… Una historia de peleas, celos… amores ocultos, clandestinos, mezclados con lavado de dinero, aliados y enemigos políticos, viajes y poder… Un hombre que pivotea entre el amor adolescente de sus hijas y el amor clandestino, siempre al borde del despecho, de su secretaria y secreta-novia…

Juez Federal desde 1993, se lo identifica fácilmente por los tribunales de Comodoro Py por su traje claro, bronceado y cabello que nunca pierde el color. Se suelen referir a él como “Canicoima” o “Canicobra” y difícilmente se lo vea los viernes, pero esa es otra cuestión.

Nació en 1945, estudió poco tiempo en el Liceo Militar y concluyó el bachiller en el barrio de Caballito.

En 1965, ingresó como meritorio en el Juzgado Penal 1 de San Martín, pasó por el Tribunal de Menores 1, por el Juzgado Penal 4 y, después de cinco años en el Juzgado 6, fue nombrado secretario.

El 6 de noviembre de 1984 fue designado por el Senado de la provincia de Buenos Aires como juez del Tribunal de Menores 2, en 1990 renunció y se fue a trabajar a la profesión.

Entre diciembre de 1992 y junio de 1993 formó parte del gobierno menemista, como asesor de gabinete del Ministerio de Justicia, entonces a cargo de Jorge Maiorano.

Tiene cinco hijos. Uno de ellos, Emiliano, es secretario del Tribunal Oral Federal 5 de San Martín. Su ex mujer fue la secretaria privada de Guillermo Montenegro y su novia actual trabaja en el Juzgado Federal 3 a cargo de Daniel Rafecas.

Veranea en Punta del Este, al igual que tantos jueces, fiscales y litigantes del fuero federal.

Subrogó el Juzgado Federal 3 cuando quedó vacante tras la renuncia de Carlos Liporace. Allí tuvo la oportunidad de instruir los orígenes de las causas conocidas como "Primer Cuerpo de Ejército" (luego de la excusación de Servini de Cubría) y "Coimas en el senado". De su actuación en la primera de ellas se recuerda que realizó el único viaje a Europa que se efectuó durante la tramitación de esa causa, aunque pocos testigos lo pudieron ver, tan ocupado estaba el magistrado en sus paseos. La causa de las coimas en el senado se encontraba delegada en la Fiscalía Federal 6 aunque, tras la confesión de Mario Pontaquarto, estimó que "por el tiempo transcurrido" debía reasumir la instrucción de la causa.

Sus procesamientos en la causa de Primer Cuerpo de Ejército fueron anulados por la Cámara Federal, las indagatorias habían sido tomadas en función de una deficiente descripción de los hechos (luego los mismos actores fueron procesados como correspondía por el juez Daniel Rafecas). Algo similar sucedió en la causa de las coimas del Senado.

Canicoba sobreseyó a Raúl Moneta y a otros siete hombres imputados por haber defraudado al Banco Central y simulando problemas de liquidez y solvencia orquesto el vaciamiento de los bancos Mendoza y República. El vaciamiento fue orquestado a través de sociedades off shore vinculadas al grupo económico a las que transfirió los activos de dichas entidades.  Fraguando su situación financiera logró obtener del Banco Central que le otorgara ciertos beneficios económicos, que ascienden a la suma de 140 millones de pesos. Canicoba tuvo por ciertas estas maniobras financieras y la consecuente defraudación al BCRA, sin embargo considero que no había “error penalmente relevante”. Dicha medida se encuentra actualmente bajo análisis de la Corte Suprema de Justicia, con un dictamen de la Procuración General solicitando que no se cierre la causa.

Además, se negó a congelar los activos de un represor que se encuentra prófugo desde 2006, medida que fue apelada por el fiscal de la causa y por la Unidad de Información Financiera (UIF).

En 20 años a cargo del Juzgado Federal 6 numerosos expedientes han pasado por sus manos. Entre ellos puede mencionarse la Causa AMIA, convenientemente delegada a la Unidad Fiscal creada para la investigación del caso.

En 2010, con gran exposición mediática, procesó al ex baterista de callejeros, Eduardo Vázquez por la tenencia de una planta de marihuana en su casa.

Canicoba también es conocido por tener inconvenientes con las expresiones que considera agraviantes. En 1997 condenó a Domingo Felipe Cavallo por injuriar al ex titular de la Aduana, Jorge Jolom (recuérdese que previo a ello el ex super ministro lo había mencionado entre los "jueces de la servilleta"). Luego, en 2004, el ex gobernador de la provincia de Santa Cruz lo mencionó entre otros "jueces detestables". Iniciada una demanda por daños y perjuicios por Canicoba Corral, la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó recientemente la condena a Acevedo a pagarle 22 mil pesos más costas en concepto por haber ofendido su buen nombre.

Perlitas Federales

Consultado acerca de las razones por las que no concursa para ascender manifestó: "Después de haber sido juez federal 15 años, no creo que tenga que dar un examen. Es humillante que algunos de los que los toman nunca tuvieron un preso delante suyo. En otras condiciones me hubiera gustado ser camarista".

Luego, en relación a las excarcelaciones de los represores: "Pienso que mientras no haya una sentencia firme pasado cierto tiempo, dos años dice la ley, nadie tiene que estar preso, sea un represor o un violador o quien sea. La prisión no puede ser una pena anticipada". (Sería interesante conocer en ese caso si el juez tiene al resto de sus procesados en libertad o sólo expresa preocupación ante procesados que cuentan con cierto poder y status social) Fuente

En diciembre de 1995, el nombre del juez federal Rodolfo Canicoba Corral se vio envuelto en un escándalo cuando se supo que había participado de un festejo de Navidad en un edificio judicial que terminó en excesos, y por el que fue sancionado con una multa equivalente al 33 por ciento de su salario, junto con otros nueve jueces del fuero federal. Canicoba opinó entonces que el camarista de Casación Penal, Alfredo Bisordi, ejerció una conducta "fascista y digna del proceso militar" cuando intentó poner fin al insólito festejo navideño en los tribunales.

Carlos Villafuerte Ruzo vive en San Nicolás y actualmente es titular del Juzgado Federal 2 de esa ciudad.

Según sus propias palabras, es un juez que anda colapsado. Maneja dos causas de “altísima exposición pública” -la investigación de Carlos Menem Junior y Silvio Oltra, y la del robo al Banco Nación de Villa Ramallo- que no le permitirían avanzar en las causas por delitos de lesa humanidad. Estas serían las explicaciones que dió Carlos para zanjar la recusación del fiscal federal de San Nicolás Juan Patricio Murray, quien lo acusó de obstaculizar deliberadamente el avance de la causa que imputa al ex comisario Luis Patti por el secuestro y asesinato de dos militantes peronistas durante la última dictadura.[1].

Villafuerte es conocido por sus simpatías hacia última dictadura militar, que tampoco se esfuerza mucho en disimular. En la causa Patti dijo que en virtud de su deber funcional iba a aplicar la doctrina de la Corte que derogó las leyes de punto final y obediencia debida, pero que en su opinión la persecución penal por los crímenes del terrorismo de Estado “implica la violación de derechos fundamentales de los imputados”.

En el informe de 27 páginas que presentó la “Unidad de Coordinación y seguimiento de las casusas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado”, pone en evidencia una práctica consistente de atrasos exagerados en todos los juicios de lesa humanidad. En la causa Patti tardó seis años en contestar el pedido de indagatoria presentado por la fiscalía y cinco años en declarar nulas las leyes de impunidad para poder reabrir la causa.

Villafuerte Ruzo carga con más de 30 pedidos de pronto despacho, quejas por retardo de justicia y recursos de reposición. Hasta el momento, sólo fue apartado de la causa por el asesinato del obispo Carlos Horacio Ponce de León en julio de 1977. En el resto los pedidos de apartamiento no prosperaron porque la Corte Suprema de la Nación no quiso intervenir. El famoso artilugio del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial Nacional.

Por otro lado, su actuación en las  otras causas tampoco parece ser muy expeditiva.

La causa de Carlos Menem Junior fue archivada en 1998 al no encontrarse pruebas en los restos del avión, ni en los cuerpos que Menem Jr. y Oltra recibieran impactos de bala. En 2012 el expediente se reabrió, aunque sigue sin haber pruebas sólidas: Zulema se negó a realizar nueva prueba de ADN a los restos de su hijo, los restos del avión fueron periciados en 1996 por una unidad aérea del gobierno de los Estados Unidos y no se pudo determinar si fueron provocados por disparos, y finalmente las piezas del avión terminaron siendo vendidas por los fabricantes del helicóptero. Es decir que a la fecha no se habría avanzado más allá de la línea alcanzada para 1998.

En la causa por la masacre de Ramallo de 1999 se da una situación muy particular e inédita. No sólo investiga la justicia federal sino también la provincial. Cinco denuncias fueron presentadas ante el Consejo de la Magistratura por su actuación en el caso: pidieron su remoción el abogado Juan Pandis, cinco diputados del Partido Justicialista, y José Chaves, hermano de uno de los rehenes asesinados. Entre otras, los consejeros cuestionaron al magistrado la demora en el traspaso de la instrucción de la policía bonaerense, que participó en la represión, a la Prefectura Naval.

---

[1] A modo de ejemplo, la Unidad de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos Cometidas durante el Terrorismo de Estado de la PGN “Algunos obstáculos para el avance de las causas por crímenes contra la humanidad radicadas en San Nicolás registrados a partir de la actuación del juez a cargo del juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, da cuenta de una demora de 6 años para unas citaciones a prestar declaración indagatoria que el agente fiscal había solicitado en 2005 (Causa Patti). O demoras en la elevación de actuaciones a la Cámara de apelaciones correspondiente, rechazos injustificados de los pedidos de acumulación de causas dirigidos a garantizar justamente la eficiencia en la administración de la justicia, o pérdida de expedientes. Ver Dictamen Dra. Gils Carbó, 01 de febrero de 2013.